-Muchachos: me pueden decir cual es la principal provincia minera del país?- Nos preguntó el querido profesor de geología económica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, era el año1994.
Como era nuestro primer día de clase, su pregunta tenía la intención de motivarnos en su materia (la minería) y fue así que luego de haber estudiado el año anterior, en otra materia, el origen de los yacimientos minerales, incluido sus ejemplos mundiales, empezamos a especular sobre el tema. -Jujuy! Río Negro!-dijimos. Pensando en los famosos yacimientos de Aguilar, Pirquitas, Sierra Grande, etc. Pero no, no podía ser tan simple, la pregunta era obviamente engañosa, quizás estaba poniendo a prueba nuestra intuición y era más obvio todavía que hablaba de San Juan con más de 70% de su territorio montañoso y objeto de la mayoría de nuestros viajes de campo, como un gran laboratorio de estudio para los estudiantes de geología. Seguramente se refería a sus grandes canteras de cal y las fabricas de cemento y carburo.
No Changos!-dijo. Revisen estas estadísticas de Minería de la Nación, por favor. Para nuestro asombro, la principal provincia minera del país era: Buenos Aires!!! Y básicamente se trataba de minería no metalífera y rocas de aplicación. Es decir la provincia argentina en cuyo relieve predomina la llanura pampeana con una inclinación suave hacia el Mar Argentino, apenas interrumpida por dos pequeños sistemas serranos, el de Tandilia y el de Ventania, con los campos más fértiles para el cultivo y la ganadería, la mayor ciudad y distrito industrial del país, la más rica de la República Argentina, además contra toda lógica, concentraba la mayor actividad minera, nos parecía tan extraño como enterarnos que la principal provincia productora de vinos era Buenos Aires y no Mendoza (aunque algo de eso hubo en épocas anteriores a la ley de envasado en origen, pero esa es otra historia…).
¿Por qué?
“La inversión realizada por el Estado en programas de investigación y prospección ejecutados durante varias décadas, especialmente desde los años sesenta hasta los ochenta, demostraron que la República Argentina posee condiciones geológicas muy favorables para el hallazgo de yacimientos metalíferos de importancia. Sin embargo la minería tenía un escaso desarrollo, con algunas empresas del Estado que se ocuparon de ciertas actividades consideradas estratégicas, como la minería del hierro, del carbón, del uranio y del cobre, y empresas privadas que se dedicaron a la «minería inducida », esa que provee fundamentalmente materiales de construcción y algunos minerales industriales. El sector tenía una baja incidencia en el producto bruto interno (0,3%) y un déficit crónico en el balance comercial. Además en muchas provincias alejadas de la pampa húmeda existía la esperanza de un crecimiento económico a partir de la explotación de sus minas, pero ese desarrollo no se concretaba. En general, los empresarios argentinos no incursionaron en inversiones de riesgo, como las necesarias para la exploración de prospectos de gran minería, y los empresarios foráneos consideraban inestables y poco atractivas a las reglas de juego del país. El Gobierno Nacional intentó promover la inversión mediante leyes y mecanismos destinados a favorecer a las empresas de capital nacional, como la Ley de Promoción Minera, que estuvo vigente desde 1973 hasta 1993, con grandes sacrificios fiscales y magros resultados”. (1)
“Esa realidad llevó a los dirigentes de la década de 1990 a formular una nueva política minera. Existía el convencimiento de que, siendo las Provincias las dueñas de sus recursos minerales, la única forma de diagramar una política minera adecuada a la realidad del país consistía en lograr el consenso de todas las Provincias, como así también la participación de todos los sectores interesados. Por eso, el punto de partida fue la firma del Acuerdo Federal Minero, gestado en el seno del Consejo Federal de Minería, y firmado por todos los Gobernadores y el Presidente de la República, el 6 de mayo de 1993. Es necesario mencionar, por la incidencia que tuvo posteriormente en el sector minero, que a principios de los años 90, el Gobierno Nacional había derogado todas las disposiciones que diferenciaban a la inversión extranjera de la nacional y eliminados los avales del estado para la financiación externa. Esa medida puso a los inversores foráneos en las mismas condiciones que los argentinos. Otro punto importante era lograr que la nueva política fuera estable en el tiempo, habida cuenta de que la minería es una actividad de largo plazo. Por eso se acordó establecer las reglas de juego mediante un conjunto de leyes específicas para el sector, consensuadas y sancionadas casi todas por unanimidad por el Congreso Nacional. El grado de consenso alcanzado, dejando de lado intereses partidarios o sectoriales, permitió que la política minera continuara vigente a pesar de los cambios políticos ocurridos. De esta forma, la política minera tuvo la continuidad de una verdadera política de Estado”. (1)
La Ley de Inversiones Mineras (24.196) tuvo dos aspectos muy importantes, por un lado dio un marco de estabilidad fiscal por varios años y por el otro promocionó a la actividad mediante exenciones impositivas a cambio de inversiones, La ley de reordenamiento minero (24.224) ratificó el espíritu del Código de Minería de 1886 actualizando conceptos, tales como el tamaño de los permisos de explotación para evitar las especulaciones que existían por aquellos años de abarcar áreas mineras sin la real intención de invertir, y además abrir el juego al desarrollo de grandes emprendimientos de empresas principalmente extranjeras con el suficiente capital y background, para invertir en minería de alto riesgo.
Luego se agregaron otras leyes más, como la ley 24.498 que actualizo conceptos y la ley 24.585, de Protección Ambiental (1995), que agregó una nueva sección al Código de Minería en la que se establecen todas las normas a cumplir por la actividad minera en materia de protección ambiental. Este último aspecto era reclamado por las mismas compañías de exploración minera, ya que por la experiencia de otros países, no estaban dispuestas a sufrir demandas y reclamos injustos o irracionales, propios de la ausencia de reglas claras, de manera que se estableciesen a priori las líneas de base ambiental, que representan el estado del medio ambiente previo al comienzo de cualquier actividad humana, con el objeto de monitorear durante la exploración y explotación minera, para corregir o mitigar el normal impacto y finalmente sanear después del eventual cierre de mina.
Los resultados de estas políticas han sido notables pero no se han dado en forma homogénea en todas las provincias con potencial minero, a pesar de todos los compromisos firmados hace más de 15 años. Algunas provincias son refractarias a los capitales mineros y otras los atraen ampliamente como es el caso de San Juan.
El Indicador Sintético de Actividad de las Provincias (ISAP) es un modo de medir la actividad económica a partir de lo que sucede con la demanda en las distintas regiones argentinas. En el segundo trimestre de este año, Mendoza se encuentra entre las provincias que menor crecimiento acumulado poseen con una variación del 7% contra el 18% y el 17% de San Juan y Tierra del Fuego, respectivamente.
Las recurrentes comparaciones con las otras provincias de la región como San Juan y San Luis, no son caprichosas debido a que cada una ha elegido distintos modelos de crecimiento: San Juan optó por desarrollarse en base a grandes emprendimientos mineros y San Luis hizo fuerte hincapié en la obra pública. (2)
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Fuentes:
(1) Lavandaio, E., 2008. Conozcamos más sobre Minería. Serie Publicaciones Nº168. Instituto de Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR, Buenos Aires.
(2) http://www.losandes.com.ar/notas/2011/10/23/mendoza-rezagada-601582.asp
(3) http://www.isap.com.ar/
